El Ayuntamiento de Mexicali presentó formalmente ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) la propuesta de pago por más de 2.2 millones de pesos correspondiente al juicio de expropiación relacionado con un tramo de la Calle Novena y Calzada Ceibas, expediente legal que permanecía abierto desde hace más de dos décadas.

 

El síndico procurador del Ayuntamiento de Mexicali, Oscar Vega Marín, informó que la administración municipal dio cumplimiento puntual a la resolución judicial con el objetivo de cerrar de manera definitiva uno de los litigios más prolongados que ha enfrentado el municipio.

 

“Hace unos minutos presentamos ante el TEJA, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, una propuesta para cerrar en definitiva el asunto llevado y traído de la expropiación de la Calle Novena y Calzada Ceibas”, expresó.

 

 

El funcionario explicó que el monto presentado fue determinado conforme a lo establecido por la sentencia judicial y tras un proceso de validación técnica y jurídica para cuantificar con precisión la cantidad que corresponde al propietario del predio involucrado.

 

“Cumpliendo estrictamente con lo establecido en la sentencia al propio tribunal, hemos cuantificado y validado adecuadamente el monto exacto que el propietario tiene derecho a cobrar”, puntualizó.

 

Vega Marín señaló que ahora corresponde a la parte beneficiaria acudir al Ayuntamiento para formalizar el cobro y concluir así un expediente que durante años generó controversias legales y administrativas.

 

“Esperamos que haga lo propio, se presente en el Ayuntamiento, cobre su dinero y podamos dejar en el pasado este asunto para concentrarnos en los retos de futuro de Mexicali”, añadió.

 

Con esta acción, la Sindicatura busca dar cumplimiento pleno al mandato judicial y poner fin a un litigio que durante años representó incertidumbre legal para el municipio.

 

La resolución del caso también ocurre en medio de señalamientos recientes por parte de regidores de oposición, quienes cuestionaron la estrategia jurídica seguida en torno al expediente; sin embargo, la administración municipal sostiene que con esta propuesta se atiende de manera definitiva la obligación legal impuesta por el tribunal.