El presidente del Consejo de Administración de Impulsora Turística Rodríguez S.A. de C.V., Juan Pablo Leyva Rodríguez, denunció una serie de presuntas irregularidades derivadas de un conflicto familiar y empresarial relacionado con la propiedad y administración del Hotel El Cortez, ubicado en San Felipe.

 

Durante una rueda de prensa, explicó que el conflicto comenzó el 23 de septiembre de 2005, cuando tres hijos de María Estela Romero de Rodríguez presuntamente tomaron el control del hotel e impidieron el acceso tanto a su madre como a otros integrantes de la familia.

 

 

Leyva Rodríguez señaló que la empresa fue fundada por Juan Nepomuceno Rodríguez Mérida, propietario del inmueble, quien estableció en su testamento que su esposa tendría el usufructo vitalicio del hotel, además de definir diversas obligaciones patrimoniales para sus herederos.

 

Indicó que en 2008 presentó, junto con María Estela Romero, una denuncia penal por diversos hechos presuntamente constitutivos de delito. Tras varios años de investigación, afirmó que en 2014 el Ministerio Público determinó la probable responsabilidad de algunos involucrados por delitos como despojo, fraude procesal, administración fraudulenta, robo con violencia y falsedad en declaraciones, solicitando incluso órdenes de aprehensión.

 

Sin embargo, explicó que diversos litigios mercantiles relacionados con la representación legal de la empresa han impedido que el asunto llegue a una resolución definitiva.

 

El empresario aseguró que un Tribunal Colegiado validó la asamblea mediante la cual fue nombrado presidente del Consejo de Administración y dejó sin efectos otras asambleas promovidas por la contraparte. No obstante, señaló que actualmente continúa una disputa judicial sobre la representación de la compañía.

 

 

Asimismo, sostuvo que antes del inicio del conflicto la empresa registraba ingresos superiores al millón de dólares anuales por concepto de ocupación hotelera y afirmó que la heredera testamentaria dejó de recibir los beneficios que le correspondían tras perder el control del inmueble.

 

Finalmente, consideró que, aunque se trata de una controversia entre particulares, el caso también pone sobre la mesa temas relacionados con la impartición de justicia y la protección de los derechos patrimoniales.

 

“Es un asunto que trasciende el ámbito privado y que también resulta de interés para la sociedad”, expresó.