La reforma constitucional al artículo 127, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como propósito eliminar las llamadas "pensiones doradas" y no afectará a trabajadores de base, jubilados, pensionados ni empleados en activo de las dependencias públicas de Baja California, aseguró el diputado local Juan Manuel Molina García.

 

El legislador informó que sostuvo una reunión con integrantes de la organización Unidos por la Defensa del ISSSTECALI, representantes del magisterio y dirigentes sindicales de la Sección Mexicali y del Comité Estatal del Sindicato de Burócratas, con quienes dialogó sobre las iniciativas relacionadas con la armonización de la reforma federal en la entidad.

 

Molina García explicó que, además de la propuesta presentada por él, existen otras iniciativas promovidas por los propios trabajadores, las cuales serán retomadas por distintos legisladores para su análisis dentro del proceso legislativo.

 

 

Durante el encuentro, indicó, surgieron inquietudes de empleados de organismos descentralizados como el ISSSTECALI y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), debido a que estas instituciones se encuentran contempladas dentro del alcance de la reforma federal.

 

No obstante, el diputado reiteró que la modificación constitucional no tendrá repercusiones para el personal de base, aun cuando labore en organismos descentralizados.

 

“Lo que hemos dicho desde el principio es que la reforma federal presentada por la presidenta de México, y que nos corresponde armonizar, no toca al personal de base, pensionados, jubilados ni trabajadores en activo de ningún espacio en Baja California”, afirmó.

 

Agregó que actualmente se analiza la posibilidad de incorporar precisiones adicionales en los artículos transitorios con el fin de otorgar mayor certeza jurídica a los trabajadores y evitar interpretaciones erróneas sobre los alcances de la reforma.

 

En la reunión también participaron la presidenta del Congreso del Estado, diputada Michelle Sánchez Allende, así como los legisladores Diego Echevarría Ibarra y Daylín García Ruvalcaba.

 

Finalmente, Molina García estimó que el proceso de armonización legislativa podría concluir a finales de junio o durante los primeros días de julio, una vez integradas las observaciones y propuestas presentadas por los distintos sectores involucrados.