Alejandro Ramírez acudió este lunes 22 de junio a los juzgados penales y laborales para solicitar una revisión de las medidas cautelares impuestas a Máximo “N”, a quien señala como responsable de una agresión ocurrida el 5 de septiembre de 2024 y que, según afirmó, puso en riesgo su vida.

De acuerdo con Ramírez, durante el ataque sufrió heridas provocadas por un arma punzocortante y recibió disparos en distintas partes del cuerpo. Indicó que el presunto agresor habría actuado junto con otra persona y que, desde entonces, mantiene preocupación por su integridad y la de sus familiares.

El afectado aseguró que Máximo “N” incumple las medidas cautelares dictadas por la autoridad, entre ellas la prohibición de acercarse a su domicilio y centro de trabajo, así como cualquier forma de contacto mediante medios de comunicación. También señaló que no porta el brazalete electrónico que presuntamente le fue ordenado.

“Ponen excusas que han ido a solicitarlo y no se lo han dado por fallas en el sistema, son excusas nada más”, declaró Ramírez durante una manifestación realizada para exigir una revisión del caso.

A la protesta también acudió Olivia Torres, expareja de Máximo “N”, quien respaldó la solicitud de Ramírez y consideró que las medidas cautelares no se están cumpliendo de manera adecuada.

Torres relató que decidió terminar su relación debido a presuntas conductas de control por parte de su expareja, quien, según dijo, le impedía convivir con amigos y familiares. Asimismo, comentó que Máximo “N” y Alejandro Ramírez compartían el mismo lugar de trabajo y que esa relación de amistad pudo haber influido en el origen del conflicto.

Ante esta situación, Ramírez pidió a las autoridades revisar nuevamente las condiciones impuestas al imputado e incluso considerar su detención preventiva, al asegurar que existe un riesgo para su seguridad.

“Yo quisiera que hicieran bien su trabajo, ya que todos corremos peligro con el tipo de personas como él, que ande libre en la calle como si nada”, expresó.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente si atenderán la solicitud de revisión de las medidas cautelares planteada por la víctima.