En San Quintín, la mayoría de los establecimientos que venden plaguicidas no cuenta con certificación para comercializar productos que no representen riesgos para la salud de los jornaleros agrícolas.

 

De un total de 39 comercios registrados en la zona, únicamente 12 cumplen con los lineamientos establecidos, lo que implica que alrededor del 69 por ciento opera sin la certificación correspondiente, de acuerdo con datos expuestos por la secretaria de Bienestar federal, Leticia Ramírez.

 

 

La funcionaria dio a conocer esta información durante la reciente gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 19 de junio, en el marco del Plan de Justicia para Jornaleros Agrícolas.

 

Ramírez señaló que el gobierno federal mantiene vigilancia sobre estos establecimientos y ha intensificado las acciones para que la venta de agroquímicos cumpla con criterios que no pongan en riesgo la salud de los trabajadores del campo en la región.

 

En paralelo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) avanza en una nueva regulación sobre el manejo de residuos peligrosos, con la publicación del proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-160-SEMARNAT-2026 en el Diario Oficial de la Federación.

 

La propuesta busca fortalecer los procesos de control, trazabilidad y manejo integral de estos residuos, así como reducir su impacto en el suelo, el agua y los ecosistemas.

 

 

De acuerdo con la legislación vigente, se consideran residuos peligrosos aquellos que presentan características como toxicidad, corrosividad, inflamabilidad o reactividad, además de envases y materiales contaminados.

 

La norma sería de observancia obligatoria para grandes generadores, importadores, exportadores y distribuidores de productos que derivan en este tipo de residuos, además de establecer mecanismos para su manejo, registro y eventual baja de los planes de control.