El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California, Octavio Sandoval López, aseguró que detrás de los llamados "cárteles inmobiliarios" existe un problema de corrupción e impunidad en el que presuntamente participan tanto particulares como autoridades.

El dirigente empresarial afirmó que estos casos evidencian una debilidad institucional, al considerar que diversas dependencias encargadas de prevenir y sancionar irregularidades no están cumpliendo con su función.

"Siempre que hay un acto de corrupción está involucrada una autoridad y un particular. Quienes realizan estas acciones se aprovechan de vacíos legales o de actos de corrupción", sostuvo.

Sandoval López señaló que la situación política también ha contribuido a la falta de atención del problema, al considerar que funcionarios públicos y legisladores están concentrados en temas políticos en lugar de atender asuntos de gobierno.

Asimismo, cuestionó el desempeño de las fiscalías, sindicaturas, contralorías y del Registro Público de la Propiedad, al señalar que permiten que se concreten operaciones presuntamente irregulares relacionadas con la apropiación de inmuebles.

Explicó que uno de los mecanismos utilizados sería la prescripción positiva, figura jurídica mediante la cual una persona puede obtener la propiedad de un inmueble después de acreditar su posesión durante un determinado tiempo bajo ciertas condiciones.

Sin embargo, afirmó que existen casos en los que una misma persona aparece promoviendo varias adjudicaciones por esta vía, lo que, dijo, debería ser suficiente para que las autoridades detecten posibles irregularidades.

"Es tan sencillo como revisar las adjudicaciones por prescripción positiva. Hay autoridades que emiten las resoluciones y otras que las registran, por lo que corresponde investigar si hubo actos ilegales", expresó.

El presidente del CCE hizo un llamado a la Secretaría de Honestidad y la Función Pública de Baja California, al Poder Judicial y a las sindicaturas municipales para investigar estos casos y fortalecer los mecanismos de supervisión.

Finalmente, consideró necesaria una reforma legal que cierre los vacíos utilizados para este tipo de operaciones, al advertir que el problema ya se presenta tanto en Tijuana como en Mexicali.