La diputada Evelyn Sánchez Sánchez informó que trabaja en la creación de la Ley de Consulta para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, con el objetivo de garantizar que cualquier decisión gubernamental que impacte a estos sectores sea consultada previamente, en cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México.

 

La legisladora, presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Congreso local, explicó que la iniciativa surge de las demandas planteadas por comunidades nativas y asentadas en Baja California durante mesas de trabajo y asambleas realizadas en distintas regiones del estado.

 

Entre las principales inquietudes expresadas por las comunidades destacan el reconocimiento de sus territorios, el respeto a la libre determinación y el fortalecimiento de la relación con las instituciones públicas mediante la capacitación de los servidores públicos en materia de derechos indígenas.

 

Sánchez Sánchez señaló que actualmente el Gobierno Federal desarrolla una consulta dirigida a los pueblos originarios, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, proceso en el que el Congreso de Baja California buscará mantener una coordinación para avanzar en la armonización de la legislación estatal.

 

 

De acuerdo con datos del censo del INEGI, en Baja California habitan alrededor de 300 mil personas pertenecientes a pueblos indígenas y afromexicanos. Aproximadamente el 51 por ciento reside en Tijuana, mientras que el resto se concentra principalmente en Mexicali y San Quintín.

 

La diputada recordó que entre los pueblos originarios de Baja California se encuentran los paipai, kumiai, cochimí, kiliwa y ku'ahl, además de comunidades provenientes de otras entidades del país, como mixtecos, triquis, zapotecos y purépechas.

 

Finalmente, reiteró su llamado al Ayuntamiento de Mexicali para crear la Dirección de Asuntos Indígenas, al considerar que existe una importante población indígena en el municipio que requiere atención especializada y políticas públicas enfocadas en el reconocimiento y protección de sus derechos.