La salida de Toyota de Baja California abrió un contraste entre la postura del Gobierno del Estado y la del sector empresarial, luego de que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda afirmara que únicamente será trasladada una línea de producción de manera gradual hasta 2030, mientras que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostiene que eso, en los hechos, representa el cierre de la planta.

 

La mandataria estatal señaló que la información proporcionada por la Secretaría de Economía indica que el proceso será paulatino y descartó un cierre inmediato de las operaciones de la empresa.

 

 

Sin embargo, el presidente estatal del CCE, Octavio Sandoval López, afirmó que la explicación oficial presenta una realidad incompleta, al asegurar que la planta de Toyota en Tijuana cuenta únicamente con una línea principal de producción de la camioneta Tacoma y una operación complementaria para la fabricación de cajas de pick-up.

 

"Si se va la única línea de producción, se va la planta", sostuvo el dirigente empresarial, quien pidió reconocer el problema en su verdadera dimensión para poder diseñar estrategias que mitiguen sus efectos.

 

Sandoval López adelantó que el organismo empresarial presentará una propuesta con cinco acciones para enfrentar el impacto de la salida de Toyota. Entre ellas, planteó garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, facilitar su reubicación en otras empresas de exportación, apoyar a los proveedores que podrían verse afectados, buscar que las instalaciones sean aprovechadas para producir otros vehículos destinados a mercados distintos al estadounidense y promover que el complejo industrial pueda utilizarse para actividades de investigación y desarrollo.

 

 

Asimismo, consideró necesario analizar por qué la empresa decidió trasladar la producción desde Baja California y no desde otras entidades como Guanajuato, al señalar que deben revisarse factores relacionados con competitividad, logística y condiciones de operación.

 

El dirigente insistió en que minimizar el anuncio genera incertidumbre y sostuvo que la discusión debe centrarse en reconocer el impacto económico y laboral de la decisión, así como en construir soluciones para reducir sus consecuencias en la región.