El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, promovió un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó en su contra por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, dentro de una investigación relacionada con el denominado huachicol fiscal.

La demanda fue presentada el pasado 16 de julio, mismo día en que el exmandatario fue detenido por autoridades federales, y en ella reclama diversos actos atribuidos a la FGR, entre ellos la emisión y ejecución de la orden de captura, su traslado fuera de Ensenada, Baja California, así como presuntas irregularidades posteriores a su detención.

 

Un juez de distrito admitió a trámite la demanda de garantías; sin embargo, hasta el momento no se ha informado si concedió la suspensión provisional solicitada por la defensa de Ruffo Appel.

Entre los actos reclamados se encuentran la presunta incomunicación desde su captura, la falta de información a sus familiares y abogados sobre su ubicación exacta, la negativa para establecer comunicación privada con su defensa, así como supuestas omisiones relacionadas con su atención médica.

 

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La defensa también señaló como agravios la falta de administración de medicamentos, la interrupción de su tratamiento, la ausencia de una valoración médica integral y posibles irregularidades en su inscripción dentro del Registro Nacional de Detenciones.

Ruffo Appel permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México, luego de que la FGR lo señalara, junto con otras cuatro personas, como presunto integrante de una red dedicada al ingreso ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia México mediante transporte ferroviario, con evasión de impuestos y regulaciones aduaneras.

 

De acuerdo con la investigación federal, el exgobernador y sus presuntos cómplices habrían utilizado 11 empresas para introducir al país más de 18 millones de litros de petrolíferos, entre gasolina y diésel, distribuidos en 163 carrotanques.

Como parte de las indagatorias, autoridades localizaron 129 carrotanques en Coahuila, 33 de ellos en Ramos Arizpe y 96 en Saltillo, con más de 15 millones de litros de hidrocarburos que presuntamente no contaban con la documentación legal correspondiente.

Este martes continuará la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, donde la jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Ruffo Appel y a las otras cuatro personas señaladas en el caso.

 

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