Las empresas que incumplan de manera grave la legislación laboral podrían dejar de recibir estímulos económicos del Gobierno de Baja California, de prosperar una iniciativa presentada este martes en el Congreso del Estado.

 

La propuesta, impulsada por el diputado Jesús Daniel Razo Córdova, busca modificar la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para que el respeto a los derechos de los trabajadores sea un requisito para conservar los incentivos públicos.

 

Actualmente, la legislación contempla retirar estos beneficios cuando se detectan irregularidades como el uso indebido de recursos, la entrega de información falsa o incumplimientos fiscales. Sin embargo, no considera como motivo de cancelación las violaciones a la normativa laboral.

 

Con la reforma, se pretende incluir supuestos como despidos colectivos sin previo aviso, así como el incumplimiento reiterado en el pago de salarios y prestaciones, al considerar que estas prácticas afectan directamente la estabilidad económica de las familias.

 

Durante la presentación de la iniciativa, el legislador sostuvo que el acceso a recursos públicos debe estar ligado al comportamiento de las empresas, no solo en materia financiera, sino también en el cumplimiento de sus obligaciones con el personal.

 

De acuerdo con el proyecto, la medida busca fortalecer la responsabilidad empresarial sin imponer nuevas sanciones penales o administrativas, sino estableciendo que quienes reciban apoyos del Estado mantengan estándares mínimos de cumplimiento laboral.

 

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, donde será analizada antes de ser sometida a discusión en el Pleno del Congreso.