El Poder Judicial de Baja California enfrenta cuestionamientos luego de que se dictara prisión preventiva contra el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, de más de 70 años de edad, una decisión que reavivó el debate sobre la aplicación de esta medida cautelar y el cumplimiento de los criterios establecidos por organismos internacionales en materia de derechos humanos.

El presidente de la asociación civil Unidos por Tijuana, José Antonio Serratos García, afirmó que la determinación de la jueza de control Alejandra Rodríguez es contraria a los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto al uso de la prisión preventiva.

"Ruffo es un adulto mayor de más de 70 años de edad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido criterios sobre la prisión preventiva, tomando en consideración que, mientras no exista una sentencia, la persona no debe estar privada de su libertad", declaró Serratos García ante medios de comunicación.

El representante de la organización también comparó este caso con el de un militante de Morena que enfrenta un proceso por presuntos delitos de extorsión y delincuencia organizada y que, según señaló, obtuvo la posibilidad de continuar su proceso bajo una medida cautelar distinta a la prisión preventiva.

Serratos García sostuvo que las autoridades judiciales deben garantizar el principio de presunción de inocencia y observar los criterios emitidos por la Corte IDH, independientemente de que aún no se hayan concretado las reformas constitucionales relacionadas con esa materia en México.

Finalmente, consideró que este tipo de resoluciones abre nuevamente el debate sobre la aplicación de la prisión preventiva y la necesidad de armonizar la legislación.