Con el objetivo de que las personas con discapacidad tengan acceso a un trato digno y sin barreras en escuelas y servicios de salud, la diputada local Daylín García Ruvalcaba presentó dos iniciativas de reforma que buscan transformar la manera en que el Estado atiende a este sector de la población.

Las propuestas plantean modificaciones a la Ley de Educación del Estado y a la Ley de Salud Pública de Baja California, con las que la legisladora pretende fortalecer la inclusión, eliminar expresiones discriminatorias y garantizar que las instituciones públicas actúen bajo principios de respeto y derechos humanos.

Una de las iniciativas busca cambiar la realidad que enfrentan miles de estudiantes con discapacidad, quienes aún encuentran obstáculos para integrarse plenamente al sistema educativo debido a la falta de capacitación especializada, recursos accesibles y programas permanentes de apoyo.

García Ruvalcaba señaló que la educación inclusiva debe aplicarse en todos los planteles de Baja California, tanto en zonas urbanas como rurales, para evitar que niñas, niños y adolescentes queden excluidos de las oportunidades de aprendizaje.

La reforma propone ampliar la responsabilidad dentro de la comunidad escolar, involucrando no solamente a docentes, sino también a personal directivo, administrativo y familias, con el propósito de crear espacios educativos preparados para atender distintas necesidades y eliminar barreras de participación.

“La inclusión debe ser una realidad en cada escuela del estado”, expresó la legisladora de Movimiento Ciudadano, al destacar la importancia de generar condiciones equitativas para estudiantes con discapacidad, aptitudes sobresalientes o dificultades de aprendizaje.

En materia de salud, la diputada presentó una segunda iniciativa para modificar diversos artículos de la Ley de Salud Pública estatal, enfocada principalmente en actualizar el lenguaje utilizado dentro de la normativa.

El planteamiento busca sustituir términos considerados discriminatorios, como “discapacitados”, por la expresión “personas con discapacidad”, al señalar que la forma en que se nombra a un grupo social también refleja la manera en que las instituciones lo reconocen y atienden.

“Cuando la ley nombra con respeto, el Estado actúa con respeto”, afirmó García Ruvalcaba, quien destacó que el lenguaje debe alinearse con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Las iniciativas serán turnadas para su análisis legislativo, mientras buscan abrir la discusión sobre la necesidad de construir políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y una atención más justa para las personas con discapacidad en Baja California.