La diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, con el propósito de incluir la omisión intencional como una forma de violencia física, fortalecer la prevención de la violencia política de género e incorporar la perspectiva de género en las acciones de la Secretaría de Cultura.

La propuesta, turnada a la Comisión de Igualdad de Género, plantea que la omisión intencional puede constituir violencia física cuando una persona, de manera deliberada, deja de actuar con la intención de causar daño o poner en riesgo a otra, aun cuando no exista una agresión física directa.

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La legisladora señaló que este tipo de conductas deben ser visibilizadas y combatidas, ya que generan afectaciones tanto a la integridad física como emocional de las víctimas.

La iniciativa también busca reforzar las medidas para prevenir y atender la violencia política en razón de género, al considerar que esta problemática limita el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres.

Explicó que esta violencia puede manifestarse mediante amenazas, exclusión, difamación, acoso, presiones indebidas y agresiones durante campañas electorales, procesos comiciales o en el desempeño de un cargo público.

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Asimismo, la propuesta reconoce el papel de la Secretaría de Cultura de Baja California en la prevención de la violencia de género, al establecer que deberá incorporar la perspectiva de género en la creación y difusión de contenidos culturales y artísticos.

Entre las acciones previstas se encuentran la realización de talleres, exposiciones, festivales y producciones audiovisuales orientadas a promover la igualdad, eliminar estereotipos discriminatorios y fomentar una cultura de respeto y equidad.

De igual forma, la iniciativa plantea que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) implemente mecanismos de prevención y atención para víctimas de violencia política de género, mediante la creación de protocolos de actuación y la prestación de asesoría jurídica durante los procesos de denuncia y sanción.