El reúso de aguas residuales tratadas en Tijuana continúa limitado por la falta de incentivos económicos para los usuarios y el deterioro de la infraestructura hidráulica, advirtió Sara González, especialista en gestión ambiental e investigadora en saneamiento regional.

Aunque la red conocida como “agua morada”, destinada a distribuir agua tratada no potable para distintos usos, opera en la ciudad desde 2007, actualmente cuenta con alrededor de 43 usuarios conectados, una cifra que refleja el bajo aprovechamiento de este recurso.

González explicó que existe un amplio potencial para incrementar el uso de agua tratada, pero factores como el esquema tarifario, la falta de promoción y algunas restricciones normativas han frenado su expansión por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

“Los incentivos económicos contemplados en la Ley de Ingresos para obras de reúso son poco conocidos y no aplican para sectores importantes como el industrial y comercial”, señaló la especialista.

Agregó que una alternativa sería descentralizar la infraestructura para que las plantas de tratamiento puedan distribuir el agua directamente a parques, escuelas, negocios y actividades que requieren grandes volúmenes, como procesos de lavado o mantenimiento.

La investigadora también destacó la falta de coordinación entre autoridades municipales y estatales, pues aunque la Ley Estatal de Protección al Ambiente establece el uso de agua tratada para el riego de áreas verdes, la ausencia de inversión conjunta para instalar tuberías o implementar transporte mediante pipas dificulta su aplicación.

A esta problemática se suma el desgaste de la red de alcantarillado. De acuerdo con datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) de 2021, Playas de Tijuana se mantiene como una de las zonas prioritarias para el reemplazo de infraestructura sanitaria debido al deterioro existente.

González consideró que atender la crisis hídrica de la ciudad requiere inversiones urgentes en la sustitución de colectores, cárcamos de bombeo y una mayor vigilancia ambiental para garantizar un manejo adecuado del recurso.