Una corrida de toros que terminó cancelada dejó tras de sí una denuncia por 200 mil pesos, un permiso cuya autenticidad está bajo cuestionamiento y acusaciones que ahora son revisadas por autoridades municipales y estatales.

El empresario taurino que buscaba realizar el evento denunció que entregó 200 mil pesos en efectivo a dos personas que, según su versión, se presentaron como empleados municipales y ofrecieron gestionar la autorización ante el Ayuntamiento de Tijuana.

Los pagos, de acuerdo con lo declarado por el denunciante, se realizaron en dos exhibiciones de 100 mil pesos cada una y fuera de las instalaciones del Palacio Municipal. Sin embargo, el Ayuntamiento sostiene que esas cantidades no corresponden a ningún cobro oficial.

El problema aumentó cuando el documento entregado al empresario como autorización municipal llegó a manos del entonces secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero, quien desconoció la firma que aparecía en el escrito y presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

A partir de ahí surgieron acusaciones en ambas direcciones: mientras el exfuncionario señaló una posible falsificación de su firma, el empresario pidió investigar a las personas que, asegura, le solicitaron el dinero para conseguir el permiso.

La titular de la Sindicatura Procuradora, Teresita Balderas, confirmó que ya revisan si las dos personas señaladas por el empresario realmente formaban parte de la administración municipal.

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“Ellos señalan un pago inicial de 100 mil y un segundo pago de otros 100 mil, montos no reconocidos por el Ayuntamiento. Es un esquema entre particulares”, explicó la funcionaria.

La Sindicatura solicitó a las áreas correspondientes verificar si los señalados aparecen en la nómina municipal y dio un plazo de cinco días hábiles para recibir la información.

Mientras tanto, la Fiscalía deberá determinar si existen elementos para acreditar las denuncias presentadas y realizar, en su caso, los peritajes necesarios para establecer si la firma plasmada en el supuesto permiso fue falsificada.

Por ahora, el caso mantiene abiertas varias preguntas: quién recibió los 200 mil pesos, quién elaboró el documento presentado como autorización y si las personas señaladas tenían algún vínculo real con el Ayuntamiento.

La investigación continúa y hasta el momento no se ha establecido responsabilidad penal o administrativa contra las personas involucradas.