La implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Baja California busca reducir la opacidad en los procesos judiciales y acelerar la resolución de litigios mediante audiencias orales públicas, afirmó el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, Álvaro Castilla.

El nuevo esquema, que comenzó su operación inicial en el municipio de Playas de Rosarito, introduce un modelo donde las partes involucradas y sus defensores comparecen directamente ante el juez en una misma sala de audiencia, con el fin de resolver las controversias de manera expedita.

"Lo que se busca es una justicia sumamente pronta, donde el justiciable esté presente y dejemos de pensar que muchas cosas se arreglan en lo oscuro", señaló Castilla durante un encuentro con medios locales, al destacar que la presencia simultánea de las partes e integrantes del tribunal incrementará la certeza jurídica para los ciudadanos.

La normativa, encaminada a homologar los criterios procesales en todo el país, contempla además el uso prioritario de mecanismos alternativos de resolución de controversias para alcanzar acuerdos antes de llegar a sentencias definitivas.

Respecto al tratamiento de asuntos familiares, el magistrado descartó que el nuevo modelo desatienda las garantías de los menores. Explicó que el marco legal obliga a los juzgadores a escuchar a niñas, niños y adolescentes en los juicios donde se vean involucrados, además de requerir peritajes en psicología y trabajo social bajo el principio del interés superior de la niñez.

Asimismo, la regulación exige un perfil de especialización técnica para los abogados litigantes que intervengan en casos de materia familiar, un estándar que, según las autoridades judiciales de la entidad, también contempla medidas dirigidas a la atención de otros sectores vulnerables como mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

 

 

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