La entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Tijuana continúa pendiente debido, principalmente, a las necesidades de infraestructura y presupuesto que enfrenta el Poder Judicial del Estado, señaló la presidenta de la Alianza Mexicana de Abogados en Baja California, Reyna Ramírez Oropeza.

 

La litigante explicó que Tijuana concentra una de las mayores cargas de trabajo judicial de Baja California, por lo que la implementación del modelo de oralidad requiere contar previamente con salas de audiencia, equipo tecnológico y recursos suficientes para atender la operación.

 

“Todavía no entra Tijuana, va a entrar al final porque es el municipio más grande y obviamente requiere de más infraestructura, más presupuesto. Se requieren salas, un nuevo sistema de audio, computadoras”, señaló.

 

 

Ramírez Oropeza recordó que, después de la pandemia, el Poder Judicial incrementó de tres a ocho el número de juzgados en Tijuana, aunque consideró que la transición al nuevo esquema procesal todavía implica mayores necesidades de infraestructura y equipamiento.

 

Además de las condiciones materiales para implementar el nuevo modelo, la Alianza Mexicana de Abogados expresó dudas sobre los requisitos de especialización contemplados en el artículo 666 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para quienes litigan en materia familiar.

 

La representante del gremio consideró que existen dudas sobre la forma en que deberán acreditarse dichas especializaciones, particularmente ante la oferta de diplomados y cursos que no cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

 

“Simplemente hemos señalado al Poder Judicial que realizó una actividad como de tipo legislativa al querer modificar o reformar algo que no le compete”, afirmó.

 

La abogada agregó que existe una amplia oferta académica en Tijuana relacionada con la materia jurídica, pero señaló que los litigantes deben verificar que los estudios utilizados para acreditar una especialización cuenten con el reconocimiento correspondiente.

 

Ante la falta de claridad sobre los mecanismos de certificación profesional, Ramírez Oropeza recomendó a la ciudadanía consultar directamente en los juzgados o revisar la trayectoria y preparación de los abogados antes de contratar servicios jurídicos.

 

La implementación del nuevo código representará una transición hacia un modelo con mayor uso de la oralidad en los procesos civiles y familiares, por lo que el gremio jurídico consideró necesario que las autoridades garanticen las condiciones técnicas y presupuestales antes de su aplicación en Tijuana.