La crítica a los servidores públicos y la fiscalización sobre su desempeño forman parte del debate democrático, pero deben mantenerse alejadas de estereotipos de género y señalamientos personales, particularmente cuando se trata de mujeres que ocupan cargos públicos, afirmó la consejera del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Vera Juárez Figueroa.

La funcionaria electoral rechazó que los mecanismos destinados a sancionar la violencia política contra las mujeres sean utilizados como una herramienta para limitar el trabajo periodístico o impedir la crítica hacia quienes ejercen funciones públicas.

“La violencia política sí existe (...) Las personas políticas tienen que rendir cuentas, tiene que haber transparencia y tienen que ser responsables de sus actos. Eso es lo principal, el debate político existe y debe de haber una apertura”, sostuvo.

Juárez Figueroa explicó que la diferencia se encuentra en el contenido y la forma de los señalamientos. Mientras la evaluación del desempeño, las decisiones y las acciones de una funcionaria forman parte del escrutinio público, los ataques relacionados con su vida personal o su apariencia pueden reproducir estereotipos de género.

“No es lo mismo pedirle cuentas a una mujer en la política de una manera adecuada, a señalarla criticando sus parejas sentimentales o su apariencia física, en vez de centrarme en el debate o en la materia”, argumentó.

La consejera indicó que el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a cuestionar a quienes ocupan cargos públicos deben mantenerse dentro de un marco que permita discutir sus decisiones y responsabilidades sin recurrir a elementos discriminatorios.

Ante las inquietudes expresadas por comunicadores sobre la línea que separa la crítica periodística de la violencia política de género, Juárez Figueroa señaló que el IEEBC mantiene acciones de capacitación dirigidas a partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía.

El objetivo, explicó, es brindar herramientas para identificar conductas que puedan constituir violencia política de género y, al mismo tiempo, preservar el derecho a la libertad de expresión y al escrutinio público de quienes ejercen funciones públicas.