Por los delitos de despojo, daños en propiedad ajena, robo y resistencia a la autoridad, defensores del parque de la colonia Moderna comparecieron ante un juez penal.

Entre los imputados por el Ministerio Público se encuentra Dina Montoya, vecina de la zona, quien durante aproximadamente tres años ha participado en la defensa pública del parque, utilizado como área verde desde hace décadas.

Montoya declaró que los defensores del área verde han sido perseguidos e intimidados en distintos niveles, hasta enfrentar la posibilidad de ser vinculados a proceso.

Insistió en que, de acuerdo con los planos, las memorias descriptivas y las colindancias, los predios en disputa figuran como parques y fueron destinados en donación al gobierno estatal.

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El activista y abogado Carlos Sánchez, también imputado en la carpeta de investigación, recordó que desde 1958, cuando se aprobó el plano y este fue publicado en el Periódico Oficial del Estado y en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el parque pasó a formar parte del dominio público del gobierno estatal.

Por su destino, agregó, se trata de un bien de dominio público, por lo que es inalienable, imprescriptible e inembargable.

“Cualquier trato que se haya hecho posteriormente a esa publicación y a esa inscripción en el Registro Público está afectado de nulidad absoluta”, insistió previo a ingresar a la audiencia penal.

Sánchez explicó que, en su caso, figura en la carpeta de investigación por haber presentado dos demandas de amparo y obtenido una suspensión definitiva para impedir que se derribaran árboles del parque con maquinaria.

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“Por una fotografía que me tomaron y por la identificación de una persona que me ubica ahí, en el parque, es que me imputan, pero es todo lo que tienen en una carpeta de 500 fojas”, afirmó.

El abogado Ramón Campos Bueno, defensor de Dina Montoya, señaló que no existen elementos suficientes para sostener la imputación ni para lograr su vinculación a proceso, además de que cuentan con diversas excluyentes de responsabilidad.

Consideró necesario que el gobierno estatal ejerza sus derechos y haga valer la propiedad del parque, cuya posesión reclama una inmobiliaria.