El crecimiento vertical de Tijuana y la expansión de desarrollos inmobiliarios de gran escala no representan, por sí mismos, un desafío que esté fuera del alcance de la ingeniería geotécnica, de acuerdo con especialistas. Los principales riesgos para la ciudad se concentran en la falta de ordenamiento territorial y en los asentamientos irregulares.

Durante el anuncio de un foro especializado en geotecnia, programado para el próximo 4 de septiembre, Freddy Sánchez Leal, especialista en ingeniería de suelos y director de Saint Loyal Geotecnia, explicó que zonas de crecimiento inmobiliario como Zona Río cuentan con estudios técnicos y recursos destinados a garantizar la estabilidad de las construcciones, pese a las condiciones del terreno y la presencia recurrente de filtraciones de agua.

“No veo a la ciudad ante una situación que haya sobrepasado a la ingeniería o a la geotecnia. No hay un escenario donde tengamos que decir que no se puede hacer nada”, afirmó.

El especialista señaló que, tanto desde el punto de vista legal como técnico, las edificaciones de gran escala deben contar con estudios y dictámenes geotécnicos que permitan determinar las condiciones del terreno y establecer las características adecuadas de la cimentación.

En contraste, Sánchez Leal advirtió que los mayores riesgos para la población se concentran en zonas habitacionales que surgieron sin una planeación adecuada o mediante la ocupación irregular de terrenos.

En estos sectores, explicó, la falta de infraestructura para el manejo y conducción del agua puede provocar filtraciones directas e incontroladas hacia el subsuelo, modificar las condiciones del terreno y favorecer la aparición de fallas o desprendimientos.

El impacto, agregó, no se limita a las viviendas construidas de manera irregular, ya que los movimientos del terreno pueden afectar también a predios e infraestructura ubicados en zonas aledañas.

Ante este escenario, el especialista consideró necesario fortalecer la planeación urbana y la conciencia sobre los riesgos del suelo, a fin de evitar que más familias se establezcan en zonas vulnerables sin contar con evaluaciones técnicas que determinen las condiciones de seguridad del terreno.