Vecinos de al menos siete colonias de la zona sur de Tijuana manifestaron su rechazo a una propuesta municipal que contempla declarar sus predios como zona de alto riesgo, al considerar que esta medida podría abrir la puerta a reubicaciones y a la suspensión de servicios básicos.

 

Manuel Oseguera Villa, presidente del Comité Vecinal de Cumbres del Rubí, explicó que la propuesta forma parte de un documento sometido a consulta pública entre el 24 de julio y el 24 de agosto.

 

 

De acuerdo con el representante vecinal, el proyecto contempla distintos polígonos habitacionales en sectores como La Sierra, Roberto Curiel, Tejamen, Ampliación Tejamen, Liberal, Lomas del Rubí, Cumbres del Rubí e Ignacio Ramírez.

 

Los residentes sostienen que los problemas de inestabilidad del suelo registrados en la zona durante los últimos años no necesariamente responden a fallas geológicas naturales, sino que estarían relacionados con deficiencias en obras de infraestructura y presuntas omisiones de las autoridades.

 

 

Entre sus principales señalamientos se encuentra el estado del drenaje ubicado en el cañón Los Pocitos, donde, según los vecinos, existen obstrucciones y acumulación de agua a lo largo de aproximadamente 300 metros, sin una conexión adecuada hacia el bulevar Cuauhtémoc.

 

La organización vecinal advirtió que el estancamiento de aguas residuales podría representar un riesgo adicional ante la posibilidad de lluvias asociadas a las condiciones meteorológicas previstas para la región.

 

 

Los residentes consideran que, antes de plantear una declaratoria de zona de riesgo, las autoridades deberían atender las deficiencias de infraestructura hidráulica y realizar las obras necesarias para reducir los riesgos que enfrentan las comunidades.

 

Ante el escenario planteado, los representantes vecinales anunciaron que realizarán jornadas informativas y movilizaciones para expresar su rechazo a la propuesta y defender la permanencia de las familias en sus viviendas.

 

 

También manifestaron preocupación por una eventual suspensión de servicios como agua y electricidad, así como por posibles repercusiones en el pago del impuesto predial para los habitantes de las zonas contempladas.

 

Los vecinos señalaron que continuarán participando en el proceso de consulta pública y buscarán que las autoridades municipales escuchen sus planteamientos antes de tomar una decisión sobre la declaratoria y sus posibles consecuencias.