El sector de la seguridad privada en México enfrenta un escenario marcado por una creciente demanda de sus servicios debido a los niveles de violencia en el país, combinado con un vacío legal que ha permitido el surgimiento constante de agencias informales, según advirtió Daniel Espinosa, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).

En el marco del 2.º Encuentro Internacional de Seguridad Privada, el directivo señaló que las empresas del ramo operan como coadyuvantes de las fuerzas públicas en un entorno donde la seguridad estatal resulta insuficiente. Tan solo la agrupación que encabeza aglutina a 250 empresas que suman más de un millón de elementos en servicio activo.

 

A pesar de que el sector abarca la custodia en puertos, aeropuertos, centros comerciales, oficinas y desarrollos residenciales, Espinosa subrayó que la falta de un marco normativo unificado a nivel federal genera vulnerabilidades en la contratación de personal.

Actualmente, las compañías deben apegarse a 32 legislaciones estatales distintas, además de un registro federal preventivo. Esta fragmentación permite que surjan negocios no regulados o "patito" que operan al margen de los requisitos legales, sin control de antecedentes ni seguridad social para sus empleados.

"La consecuencia va desde contratar a gente que comete robos menores hasta la infiltración de la delincuencia organizada", afirmó Espinosa, quien agregó que en algunos casos se han detectado empresas constituidas explícitamente como fachada para actividades ilícitas.

 

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El repunte en la contratación de personal privado responde tanto a factores normativos laborales como al contexto de inseguridad. Estados con altos índices delictivos o intensa actividad comercial, como Ciudad de México, Jalisco y Baja California, figuran entre las entidades con mayor presencia de estas empresas. 

El dirigente gremial enfatizó que la función del personal de seguridad privada es estrictamente preventiva y de aviso a las autoridades públicas, pues no están facultados ni equipados para enfrentar directamente hechos de violencia, salvo en situaciones donde deban hacer uso de la fuerza en legítima defensa. Aun así, reconoció que existen registros de elementos que han perdido la vida en cumplimiento de sus labores.

Para frenar la proliferación de agencias informales, la AMESP insistió en la necesidad urgente de expedir una Ley General de Seguridad Privada. La propuesta busca establecer un registro federal único de empresas y personal (impidiendo la duplicidad o falsificación de acreditaciones estatales) y delimitar con precisión el alcance legal de la coadyuvancia entre el sector privado y la seguridad pública en México.

 

 

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