Usuarios de telefonía móvil en Baja California comenzaron a enfrentar restricciones en sus servicios luego de que vencieran los plazos establecidos por la normativa federal para vincular las líneas con los datos de identificación de sus titulares.

La medida busca, de acuerdo con las autoridades federales, reducir delitos como la extorsión y el fraude telefónico mediante la eliminación del anonimato en las líneas móviles. Para ello, los usuarios deben asociar su número con su Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial.

Una vez vencido el plazo correspondiente, las compañías telefónicas restringen las llamadas entrantes y salientes de las líneas que no han sido vinculadas. Sin embargo, los usuarios aún pueden realizar llamadas a números de emergencia y servicios de atención ciudadana.

La suspensión también provocó un aumento en la afluencia de clientes en establecimientos de las empresas de telecomunicaciones, donde usuarios acudieron para completar el proceso y recuperar el servicio. Representantes del sector consultados por BajaNews señalaron que la restricción no representa la pérdida definitiva de la línea ni del contenido asociado a las comunicaciones, y que el servicio se restablece una vez concluido el registro.

Entre los usuarios afectados también persisten dudas sobre la utilidad del procedimiento y el destino de la información proporcionada. Virginia Corona Cortés, quien sufrió el bloqueo de su línea, reconoció que había pospuesto el trámite porque consideraba que sus datos ya estaban registrados tras haber realizado anteriormente una reposición de tarjeta SIM.

“Ayer ya no me dejaba hacer llamadas. Me dijeron que viniera a vincularlo”, relató.

Corona Cortés explicó que conocía las advertencias sobre el registro, pero no realizó el procedimiento hasta que se encontró con la suspensión del servicio. Sobre las versiones difundidas en redes sociales respecto a un supuesto acopio masivo de información personal por parte de las autoridades, consideró que se trata de especulaciones, al señalar que parte de sus datos ya había sido proporcionada anteriormente a las compañías telefónicas.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, la información obtenida mediante el proceso de vinculación no se concentra directamente en una plataforma administrada por el gobierno. Las bases de datos son responsabilidad de cada empresa proveedora, que debe resguardar la información conforme a las disposiciones de protección de datos personales.

La normativa establece además que las autoridades pueden solicitar dicha información a las compañías cuando exista una investigación relacionada con algún delito y se cumplan los requisitos legales correspondientes.