El Ayuntamiento de Tijuana mantiene abierta una consulta pública para delimitar las zonas consideradas de alto riesgo en el sector de Cumbres del Rubí y colonias aledañas, informó este lunes Juan Diego Mascareño López, director del Instituto Metropolitano de Planeación (IMPLAN).

El funcionario explicó que la consulta ciudadana, con una duración de 30 días y solicitada por el Cabildo, forma parte del procedimiento legal necesario para avanzar hacia una declaratoria de zona de riesgo en el perímetro.

De concretarse, dicha declaratoria permitiría al municipio gestionar recursos y acceder a programas de atención de los gobiernos municipal, estatal y federal para atender las condiciones de riesgo que enfrenta la zona.

“Se requiere para realizar la declaratoria de zona de riesgo, para que puedan acceder a muchos apoyos y bolsas que existen tanto en la Federación como en el Estado”, explicó Mascareño López durante un encuentro con medios locales.

Sin embargo, el proceso ha generado inquietud entre habitantes de Cumbres del Rubí, quienes el pasado viernes se manifestaron en rechazo a la consulta ante el temor de que la declaratoria pudiera derivar en la pérdida de sus propiedades o en una eventual reubicación.

La problemática relacionada con grietas y fallas estructurales se extiende por distintas comunidades, entre ellas La Sierra, Roberto Curiel, Tejamen, Liberal, Lomas del Rubí, Cumbres del Rubí e Ignacio Ramírez.

Ante las dudas de los residentes sobre los criterios utilizados para incluir a estas colonias dentro del proceso, el titular del IMPLAN señaló que la consulta tiene como finalidad recoger las opiniones, propuestas e inconformidades de los habitantes antes de elaborar el dictamen definitivo.

“Cuando se termine se va a analizar todo y nos vamos a volver a reunir con todos los vecinos (...) en base a ello vamos a hacer un consenso”, indicó.

Mascareño López estimó que, una vez concluida la consulta, las mesas de trabajo para revisar las propuestas y planteamientos de los residentes podrían desarrollarse en un periodo aproximado de uno a un mes y medio.

El funcionario insistió en que las opiniones recabadas durante este proceso serán consideradas antes de consolidar la propuesta final sobre la delimitación de la zona de riesgo.