La insuficiencia renal crónica enfrenta un escenario complejo en Baja California debido a diagnósticos tardíos, demoras en las listas de espera de trasplantes y la renuncia de médicos especialistas hacia el sector privado.

De acuerdo con Gonzalo  Rodríguez Pinal, presidente de la asociación civil Amigos por Renal Dona Vida Recibe Esperanza, en la entidad existen alrededor de 35,000 personas con padecimientos renales. La falta de monitoreo clínico preventivo provoca que gran parte de los afectados detecten la enfermedad en etapas avanzadas, afectando desde adolescentes hasta adultos mayores.

"Es una enfermedad muy silenciosa. El problema principal es que no existe una asistencia médica previa que vigile el sistema inmunológico del paciente", señaló Rodríguez durante una jornada de capacitación a personal de la administración municipal de Tijuana. Entre las causas precursoras del padecimiento destacan la diabetes mellitus —incluida la infantil— y la hipertensión arterial.

Respecto a la cobertura en el sector público, el representante asociativo advirtió que la escasez de nefrólogos e insumos en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se debe a que los especialistas optan por migrar a la iniciativa privada por presiones laborales y bajos salarios. Ante este panorama, sugirió revisar los escalafones y propuestas salariales ante la dirección general del IMSS y las representaciones sindicales para retener al personal calificado.

El impacto económico de las etapas avanzadas de la enfermedad resulta elevado para las familias sin cobertura suficiente. Según estimaciones de la organización, un tratamiento anual en el sector público: Un paciente en hemodiálisis representa un costo aproximado de 300,000 pesos anuales, mientras que en un tratamiento privado por sesión, cada hemodiálisis de manera particular alcanza los 2,500 pesos.

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Aunque los protocolos normativos del IMSS establecen un periodo aproximado de seis meses para concretar un trasplante cuando existen donadores y receptores compatibles, en la práctica hay pacientes que acumulan hasta 15 años en lista de espera. Este retraso prolongado deriva en complicaciones como la calcificación ósea, lo que compromete el éxito del procedimiento por riesgo de rechazo orgánico.

Rodríguez Espinoza enfatizó la necesidad de impulsar la prevención mediante análisis clínicos periódicos cada seis meses y la valoración con médicos generales o internistas antes de requerir atención nefrológica especializada en fases terminales.