Las autoridades fiscalizadoras de Baja California mantienen pendiente la solicitud para citar a comparecer a Carlos Torres Torres, ex coordinador de Proyectos Especiales del estado y del municipio de Tijuana, con el fin de que rinda un informe sobre sus gestiones y presente su declaración patrimonial.

El abogado especializado en materia anticorrupción, Ricardo Esteban Zurita López, señaló que a dos meses de haber presentado el requerimiento formal ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del estado y la Sindicatura Procuradora de Tijuana, ninguna de las dos instancias administrativas ha emitido una respuesta por escrito.

 

"Sancionar o revisar un desempeño no depende de si el cargo recibía o no un sueldo. La ley marco y los convenios internacionales son precisos al definir a los servidores públicos", afirmó.

De acuerdo con el litigante, la defensa del carácter "honorífico" del puesto desempeñado por Torres durante cuatro años en la administración estatal y un año en la municipal carece de sustento jurídico. Argumentó que el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 91 de la constitución local y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establecen que cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, aun sin percepción salarial, se considera sujeto de fiscalización.

Zurita indicó además que el cargo de coordinador de proyectos especiales no figuraba formalmente en la estructura orgánica de la ley estatal al momento de su asignación.

El jurista precisó que el recurso interpuesto se concentra de manera exclusiva en la vía administrativo-jurídica, sin abordar eventuales implicaciones de índole penal. Añadió que agotará los recursos legales correspondientes en caso de que las autoridades competentes no emitan un pronunciamiento por escrito sobre la procedencia de la comparecencia.

 

 

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