El Congreso de Baja California solicitó a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) analizar posibles ajustes en los recibos de agua de habitantes de Tijuana y Playas de Rosarito que resultaron afectados por la suspensión del suministro registrada durante julio.

La petición fue planteada mediante un Punto de Acuerdo presentado por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, quien propuso establecer mesas de trabajo entre la CESPT y cámaras empresariales para revisar alternativas que permitan compensar a quienes enfrentaron interrupciones prolongadas del servicio.

El corte se derivó de las labores de reparación efectuadas en el Acueducto Florido-Aguaje, trabajos que ocasionaron la suspensión del suministro en 526 colonias. En algunas zonas, la recuperación gradual de la red provocó que las familias permanecieran hasta cinco días sin agua potable.

Sánchez Sánchez reconoció que las obras fueron necesarias debido a deslizamientos de tierra que representaban un riesgo para la infraestructura hidráulica y que las labores se realizaron con apoyo de autoridades estatales y de Protección Civil para evitar afectaciones de mayor magnitud.

No obstante, señaló que la falta de agua también generó impactos económicos entre la población y distintos sectores productivos. Escuelas, hospitales, farmacias, restaurantes, comercios y centros comunitarios tuvieron que modificar sus actividades o realizar gastos extraordinarios para contar con el líquido durante la contingencia.

Ante este escenario, el Congreso planteó que se estudien mecanismos como descuentos parciales en recibos posteriores, generación de saldos a favor o incluso la eliminación del cobro correspondiente a los días en que el servicio no estuvo disponible.

La propuesta busca que la CESPT y los sectores involucrados determinen la viabilidad de implementar una medida de compensación, con el objetivo de que los usuarios no tengan que pagar por un servicio que no recibieron durante los días que permaneció suspendido.