Personas en busca de refugio en la frontera norte de México se han visto obligadas a recurrir de manera sistemática a juicios de amparo ante la negativa del Instituto Nacional de Migración (INM) para entregar la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, un documento clave para acceder al mercado laboral formal.

Julia Gloria Gómez Martínez, directora del Centro de Recursos para Trabajadores Migrantes, explicó que la omisión de las autoridades migratorias es una constante registrada desde hace tres años. Sin esta identificación, quienes solicitan asilo quedan imposibilitados para emplearse legalmente mientras resuelven su condición migratoria.

De acuerdo con Gómez Martínez, el INM ha justificado la falta del documento alegando restricciones presupuestarias para la impresión de las micas y el impacto de procesos electorales pasados. La activista señaló que tampoco se ha concretado un diálogo directo entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil que buscan destrabar la entrega de las tarjetas.

Aunque no existe una cifra global consolidada sobre el total de recursos legales promovidos, las defensorías públicas estatal y federal, así como los bufetes jurídicos de instituciones como la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), operan con una alta carga de trabajo para gestionar los amparos.

La magnitud de la demanda se refleja en espacios de atención local. Tan solo un centro comunitario adscrito al Proyecto Salesiano registró la atención de más de 17,000 personas en meses recientes, la mayoría solicitantes de refugio que requieren la tarjeta humanitaria.

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Gómez Martínez detalló que obtener la acreditación por la vía judicial no es un proceso inmediato, sino que toma varios meses de litigio, periodo en el cual los migrantes permanecen en una situación de vulnerabilidad laboral.

Para responder a este escenario, las agrupaciones civiles brindan asesoría inicial y canalizan a los usuarios con las defensorías públicas y los despachos universitarios gratuitos para entablar las demandas correspondientes.