California se encamina a convertirse en el primer estado de Estados Unidos en prohibir el uso de los llamados “guantes eléctricos” por parte de agentes del orden, incluidos elementos federales de inmigración, luego de que la Legislatura estatal aprobara la medida esta semana.

El proyecto, presentado por la asambleísta demócrata por San Diego, LaShae Sharp Collins, busca impedir temporalmente el uso de dispositivos portátiles capaces de producir descargas eléctricas mediante el contacto directo con una persona.

La propuesta surgió después de que se conociera que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adjudicó un contrato por aproximadamente 16.7 millones de dólares para adquirir miles de estos dispositivos. La agencia sostiene que los guantes serían utilizados como una herramienta de menor intensidad para controlar a personas que se resistan durante arrestos, traslados u otras situaciones de riesgo.

La iniciativa establece una prohibición que permanecería vigente hasta 2030 y contempla además la realización de un estudio sobre la seguridad y los posibles efectos de estos dispositivos en las comunidades. La legislación también restringe el uso de fondos estatales para adquirirlos.

Sharp Collins ha cuestionado que una herramienta de estas características sea implementada antes de contar con suficiente evidencia sobre sus posibles riesgos y protocolos de utilización.

Organizaciones de derechos civiles, entre ellas la ACLU de San Diego e Imperial Counties, también respaldan la medida.

El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, ha rechazado los esfuerzos para restringir el uso de estos dispositivos y sostiene que las autoridades federales necesitan contar con herramientas para proteger a sus agentes y controlar situaciones de riesgo.

Los guantes, conocidos como G.L.O.V.E. por sus siglas en inglés, están diseñados para administrar una descarga eléctrica cuando entran en contacto con la piel. ICE contempla utilizarlos en situaciones que incluyen arrestos, traslado de personas detenidas y disturbios civiles.

Ahora la decisión está en manos del gobernador Gavin Newsom, quien tiene hasta el 30 de septiembre para firmar o vetar la legislación.

De entrar en vigor, la prohibición representaría un nuevo punto de conflicto entre California y la administración federal en torno a las políticas y herramientas utilizadas durante las operaciones de inmigración.