La falta de respuestas sobre la cancelación de visas B1 mantiene a transportistas mexicanos en protesta en la frontera. Este sábado se cumplen tres días desde que los operadores comenzaron el bloqueo del cruce comercial entre Mexicali y Calexico, una movilización que ya alcanzó a San Luis Río Colorado y que podría extenderse a Tijuana.

El conflicto tiene como punto central el retiro de documentos a conductores que ingresan a Estados Unidos para realizar actividades relacionadas con el transporte de mercancías. Los operadores reclaman que sus expedientes sean revisados de manera individual y que se definan con precisión las condiciones bajo las cuales pueden continuar trabajando en territorio estadounidense.

La magnitud del problema comenzó a dimensionarse con el registro de los afectados. Jesús Rodríguez, uno de los transportistas que participa en la protesta, indicó que entre Mexicali y Calexico se contabilizaron aproximadamente mil 200 personas, mientras que las estimaciones del propio sector elevan a cerca de mil 700 el número de operadores afectados en Baja California durante los últimos dos meses.

Los transportistas señalan que las cancelaciones ocurren durante las revisiones de ingreso, donde agentes estadounidenses les realizan preguntas relacionadas con sus recorridos, permanencia en el país y posibles actividades de cabotaje. El reclamo recurrente es que, en determinados casos, los operadores no reciben una explicación suficientemente clara sobre la decisión de retirarles la visa.

La inconformidad aumentó el jueves, cuando los manifestantes aseguraron que 17 choferes perdieron su visa ese mismo día en Mexicali. Para los trabajadores, el problema no solamente representa una dificultad para cruzar la frontera, sino también una amenaza directa a una actividad de la que dependen sus ingresos y los de sus familias.

Ante el crecimiento de la protesta, comenzaron las gestiones para concentrar los casos. Este viernes, grupos de 10 transportistas ingresaron a las instalaciones de la aduana mexicana con acompañamiento de autoridades consulares. La intención es reunir la información de cada operador y posteriormente canalizarla para buscar una respuesta conjunta con el Consulado de Estados Unidos.

La representación estadounidense, sin embargo, ha marcado distancia respecto a la exigencia de los transportistas. Alison Hamilton, cónsul de Estados Unidos para Asuntos Públicos, sostuvo que las autoridades de su país están obligadas a aplicar su legislación y enfatizó que contar con una visa no garantiza el ingreso al territorio estadounidense.

Explicó que el Consulado interviene en el proceso para otorgar las visas mediante las entrevistas correspondientes, pero que la decisión final sobre el ingreso de una persona corresponde a los agentes fronterizos cuando esta se presenta en un puerto de entrada.

Hamilton también señaló que los operadores extranjeros deben respetar las normas estadounidenses que regulan su ingreso y las actividades que pueden desarrollar en el país. Añadió que existen disposiciones vigentes desde hace años y que el Gobierno estadounidense puede proporcionar información sobre los requisitos aplicables al sector.

Aunque la cónsul indicó que existe comunicación habitual con organizaciones transportistas, precisó que no se han registrado acercamientos específicos con ellas a raíz del conflicto provocado por los bloqueos.

Por ahora, el escenario permanece sin una solución definitiva: los transportistas continúan en protesta, mientras esperan que la revisión individual de sus expedientes pueda abrir la puerta a la recuperación de sus visas. No se ha confirmado públicamente la devolución general de los documentos y los operadores mantienen la advertencia de prolongar las movilizaciones hasta recibir una respuesta.