La diputada local Santa Alejandrina Corral Quintero cuestionó el manejo de un contrato por mil 157 millones de pesos relacionado con cámaras de vigilancia y señaló que, hasta el momento, los legisladores no han tenido acceso al documento.

 

La legisladora calificó el caso como una de las “buenas estafas” que, a su consideración, se habrían registrado en Baja California y explicó que solicitó información al secretario de Seguridad, al considerar que debía dar seguimiento al contrato.

 

 

Corral Quintero también recordó que el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) pasó a formar parte de la Fiscalía General del Estado, decisión que, dijo, tomó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda antes del nombramiento del actual secretario de Seguridad.

 

Otro de los señalamientos de la diputada está relacionado con la reserva de la información sobre las cámaras durante un periodo de cinco años. Ante ello, indicó que espera que concluya ese plazo para conocer el contrato y las condiciones bajo las cuales fue celebrado.

 

“Lo que estoy esperando es que finalice la reserva y, de perdida, para ver el contrato y en qué condiciones está”, manifestó.

 

Como parte de sus acciones, Corral Quintero informó que presentó un exhorto dirigido a la fiscal general del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, así como a los gobiernos de los siete municipios, para que proporcionen información sobre el número, uso y funcionamiento de las cámaras de vigilancia instaladas en sus respectivas jurisdicciones.

 

La diputada señaló que busca conocer qué infraestructura existe actualmente y determinar si los equipos están operando de manera efectiva como herramientas para la prevención y persecución de delitos.