Abogados de Baja California exigieron a las autoridades reforzar las acciones de seguridad y establecer un protocolo para proteger al gremio, luego de señalar que 18 integrantes del sector han sido asesinados durante la actual administración estatal.

Durante una reunión con el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, y la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, representantes del gremio solicitaron avances en las investigaciones para identificar a los responsables materiales e intelectuales de los homicidios.

David Jesús Rincón, presidente de la Federación Estatal de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados de Baja California, señaló que la situación se agrava debido a que tres familias de abogados asesinados han recibido amenazas, situación que, afirmó, ya fue informada formalmente a las autoridades.

“Son 18 abogados asesinados en lo que va de esta administración y actualmente hay tres familias de esos 18 abogados asesinados que han sido amenazadas”, expuso.

Como parte de los acuerdos alcanzados, informó que el próximo lunes se instalará una mesa de trabajo para definir los detalles de un protocolo de seguridad dirigido a abogados y abogadas. También se planteó la posibilidad de crear una fiscalía especial para dar seguimiento a los homicidios del gremio.

Rincón indicó que esta instancia estaría a cargo del abogado Max, quien anteriormente se desempeñó como fiscal regional en Tijuana y Ensenada.

Además, se acordó realizar reuniones periódicas, cada tres meses, entre representantes de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno, con el objetivo de revisar los avances de las investigaciones y las medidas de protección.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, reconoció la preocupación expresada por la comunidad jurídica y aseguró que existe disposición de las autoridades para atender sus planteamientos.

Precisó que el lunes comenzará una mesa de trabajo en la que participarán el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras instituciones, para definir medidas de protección ante posibles amenazas contra integrantes del gremio.

“En el tema de seguridad es una exigencia permanente”, sostuvo el funcionario.

La fiscal general, María Elena Andrade, confirmó que la institución participará en la revisión del protocolo y señaló que durante la reunión se proporcionó información a los abogados, dentro de los límites que permiten las investigaciones en curso.

Explicó que, además de los ajustes al protocolo, sostendría reuniones con algunos representantes del gremio para abordar casos específicos, debido a que las investigaciones no pueden darse a conocer en su totalidad.

Con estos acuerdos, los abogados plantearon la necesidad de avanzar tanto en medidas de protección para el gremio como en el esclarecimiento de los 18 homicidios que, de acuerdo con sus representantes, se han registrado durante la actual administración estatal.