La falta de infraestructura y de un marco regulatorio para la disposición final de residuos de la construcción ha generado una proliferación de tiraderos clandestinos de escombro en Baja California, un problema que el sector industrial y legisladores locales buscan combatir mediante una nueva iniciativa de ley.

La diputada local por el Distrito 11, Evelyn Sánchez, presentó ante el Congreso del Estado una propuesta legislativa que contempla obligar a los siete ayuntamientos de la entidad a destinar predios específicos para el depósito y reciclaje de materiales como concreto, varilla y bloques.

Sánchez explicó que actualmente existe un vacío legal en el estado que impide sancionar con severidad y de forma expedita el abandono de desechos en vías públicas y periferias de las ciudades.

"La propuesta busca dar una obligatoriedad a todos los municipios para que cuenten con estos espacios de tiro y reciclaje. No podemos exigir ni sancionar adecuadamente como gobierno cuando no facilitamos la infraestructura regulada", señaló la legisladora, quien detalló que el proyecto contempla además esquemas de corresponsabilidad para las empresas del ramo en el proceso de obtención de licencias.

Por su parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Tijuana, Elmer Peña Ruvalcaba, argumentó que la ausencia de sitios autorizados ha derivado en un ciclo de irregularidad operacional para el sector.

"No tenemos dónde tirar los residuos legalmente, lo que nos coloca en una situación imprecisa frente a las normativas vigentes", afirmó Peña Ruvalcaba.

El dirigente empresarial precisó que el sector no solo requiere sitios de vertido, sino centros con la normativa técnica necesaria para permitir el aprovechamiento y reutilización de los materiales.

De acuerdo con estimaciones de la CMIC, tan solo en el municipio de Tijuana se requeriría la operación de entre tres y seis bancos de tiro ubicados estratégicamente en la periferia para solventar la demanda actual del sector constructor.

Las mesas de trabajo entre representantes de la industria y la legislatura continuarán en las próximas semanas con el objetivo de afinar la iniciativa antes de su eventual discusión e integración en los reglamentos municipales de la entidad.