Con el objetivo de fortalecer la protección de las personas adultas mayores que viven en casas hogar, albergues, residencias y otros centros de atención, la diputada de Morena, Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, propuso establecer visitas de inspección y vigilancia con una periodicidad trimestral.

La iniciativa plantea reformar la fracción VII del artículo 20 de la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Baja California, para establecer como una obligación de los Ayuntamientos realizar revisiones periódicas a las instituciones públicas, privadas y sociales dedicadas al cuidado de este sector.

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De acuerdo con la propuesta, las visitas permitirían revisar las condiciones en las que se encuentran las personas adultas mayores y detectar de manera oportuna posibles irregularidades que pudieran afectar su integridad, salud, dignidad o derechos humanos.

Miramontes Plantillas señaló que la intención no es únicamente incrementar el número de inspecciones, sino establecer un esquema de supervisión preventiva, periódica y permanente que permita a las autoridades intervenir antes de que una irregularidad pueda convertirse en una situación de riesgo.

La propuesta contempla que las revisiones se realicen cada tres meses, lo que representaría cuatro inspecciones ordinarias al año por parte de los gobiernos municipales, dentro de sus respectivas jurisdicciones.

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Los establecimientos contemplados incluyen casas hogar, albergues, residencias, centros de estancia y demás espacios destinados a brindar atención y asistencia a personas adultas mayores.

La diputada destacó que este tipo de mecanismos adquiere relevancia ante el crecimiento de la población de 60 años y más en Baja California. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en ese año había aproximadamente 380 mil 132 personas adultas mayores en la entidad.

La iniciativa considera que parte de esta población puede encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad, particularmente quienes presentan alguna discapacidad, dependencia funcional o se encuentran en situación de abandono.

Ante ello, los centros encargados de su atención deben contar con condiciones adecuadas de infraestructura, higiene, alimentación, seguridad y atención médica, además de personal capacitado y mecanismos que garanticen la protección de sus derechos.

La propuesta quedará sujeta al análisis y proceso legislativo correspondiente en el Congreso de Baja California.