Legisladoras de Baja California buscan integrar en una sola propuesta dos iniciativas relacionadas con la participación ciudadana, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a los planteamientos de la sociedad y evitar que permanezcan sin respuesta durante largos periodos.

La diputada María Yolanda Gaona Medina, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la XXV Legislatura, explicó que desde julio pasado se presentó una propuesta de reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Estado, elaborada a partir de foros y mesas de trabajo con ciudadanos.

Entre los planteamientos se encuentra establecer un plazo no mayor a 30 días para que el Congreso local dé atención a las iniciativas presentadas por la ciudadanía.

Posteriormente, la diputada Liliana Michel Sánchez Allende presentó una propuesta para crear una nueva Ley de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana Estatal, en la que se contemplan mecanismos como el Consejo Estatal de Participación Ciudadana y la Auditoría Cívica.

De acuerdo con la propuesta, estas herramientas buscan fortalecer la transparencia y ampliar los mecanismos de participación social.

Ante la posibilidad de que ambos proyectos avancen por separado, Gaona Medina señaló que ya existe diálogo para analizar la posibilidad de integrarlos en un solo documento.

“Se buscará hacer una sola”, afirmó la legisladora, al considerar que ambas propuestas comparten el objetivo de brindar mayores herramientas a los ciudadanos para participar en asuntos públicos y obtener respuestas de las autoridades.

Gaona Medina destacó que el proyecto impulsado desde la Comisión de Participación Ciudadana surgió de planteamientos realizados directamente por ciudadanos durante los foros y mesas de trabajo.

La diputada sostuvo que, independientemente de partidos o colores políticos, el propósito debe ser garantizar que las propuestas de la ciudadanía sean recibidas, atendidas y tengan una respuesta institucional.

Como ejemplo de los procesos que pueden prolongarse, mencionó la llamada Ley Amparito, cuya aprobación, recordó, requirió meses y años de gestión por parte de ciudadanos.