El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, podrá continuar en prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El cambio de medida cautelar fue determinado este viernes 25 de septiembre durante una audiencia realizada en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, Altiplano, en el Estado de México.

De acuerdo con la resolución, las autoridades deberán realizar el traslado del exmandatario estatal a un domicilio autorizado por la autoridad judicial en un plazo de hasta 48 horas.

La determinación fue informada por el abogado Arturo Germán Rangel al término de la audiencia. La defensa había solicitado que Ruffo, de 74 años, pudiera enfrentar el proceso fuera del penal, argumentando su edad, condiciones de salud y disposición para comparecer ante las autoridades.

Ruffo fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada y posteriormente vinculado a proceso. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como presunto integrante de una estructura relacionada con el denominado “huachicol fiscal”, investigación en la que también aparece vinculada la empresa Ingemar.

Según la investigación de la FGR, el caso se originó a partir del hallazgo, en julio de 2025, de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila, cuyos contenidos dieron positivo a hidrocarburos.

Las pesquisas posteriores apuntaron a un supuesto esquema para introducir combustible al país mediante declaraciones de volúmenes menores a los realmente transportados o registros de productos distintos, con el objetivo de evadir impuestos.

La Fiscalía también ha señalado que el combustible presuntamente ingresado de manera irregular era mezclado con producto legal para dificultar su identificación y distribución. En el esquema investigado habrían participado empresas fachada, operadores logísticos, agentes aduanales y mecanismos financieros, además de posibles servidores públicos.

La acusación de la Fiscalía refiere un supuesto daño fiscal superior a 4 mil millones de pesos.

La FGR ha señalado que respeta la presunción de inocencia y el debido proceso, y las acusaciones contra Ruffo forman parte de un procedimiento judicial que continúa en curso.

El exgobernador ha negado las irregularidades que se le atribuyen, mientras que personas de su entorno han señalado que el proceso tendría motivaciones políticas.

Con el cambio de medida cautelar, Ruffo continuará sujeto al proceso penal desde un domicilio autorizado, bajo las condiciones que establezca la autoridad judicial.