El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, podría regresar el próximo lunes a su domicilio en Ensenada para continuar su proceso penal, luego de que un juez determinara modificar el lugar donde cumplirá la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Arturo Germán, abogado del exmandatario, explicó a medios de comunicación afuera del penal del Altiplano que el trámite para su traslado inició el viernes, después de la resolución emitida por el juez.

“Es muy probable que hasta el lunes esté en Ensenada, por los temas de traslado que va a hacer la Guardia Nacional”, señaló.

De acuerdo con el abogado, la modificación de la medida cautelar fue sustentada en la edad de Ruffo Appel, de 74 años, además de dictámenes médicos y forenses, así como testimonios de familiares y vecinos.

También se presentaron documentos relacionados con su arraigo en Ensenada y argumentos para acreditar que no existe riesgo de sustracción de la justicia.

Sin embargo, el exgobernador deberá cumplir diversas restricciones mientras continúa el proceso. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el juez ordenó vigilancia permanente por parte de elementos de la Guardia Nacional, la prohibición de salir del país, el retiro de su pasaporte y visa, así como evitar contacto o acercamiento con testigos y otras personas relacionadas con la investigación.

La FGR precisó que la resolución no elimina la prisión preventiva oficiosa, sino que modifica el lugar donde deberá cumplirse, pasando del centro penitenciario al domicilio del imputado.

Ruffo Appel enfrenta un proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada y materia de hidrocarburos, dentro de una investigación por presunto huachicol fiscal.

Por otra parte, su defensa señaló que las cuentas bancarias del exgobernador continúan bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo que buscarán que se modifique esta situación.

A través de un video difundido en redes sociales, Verónica Ruffo, hija del exmandatario, aseguró que la familia continuará con las acciones legales para buscar su libertad y demostrar su inocencia.

La FGR recordó que, debido a los delitos que se le imputan, la prisión preventiva oficiosa deriva de una disposición constitucional y no de una decisión discrecional del Ministerio Público Federal.