Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 21 personas y 25 empresas vinculadas, según autoridades estadounidenses, con una estructura del Cártel de Sinaloa, reavivaron los cuestionamientos sobre la presunta relación entre actores políticos y personas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Entre las personas sancionadas se encuentra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. El Departamento del Tesoro lo identifica como un operador político vinculado con Los Rusos, una facción de Los Mayos, y sostiene que habría utilizado su influencia para facilitar actividades delictivas y proteger operaciones del grupo en Baja California.

También fueron incluidos en la lista su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, y Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

A raíz de estos señalamientos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California, Octavio Sandoval López, afirmó que la acción de la OFAC vuelve a poner sobre la mesa cuestionamientos que, según dijo, ya habían sido planteados públicamente desde hace más de un año.

Sandoval explicó que la OFAC es una instancia del gobierno estadounidense encargada de aplicar sanciones económicas y restricciones financieras, por lo que sus designaciones no equivalen por sí mismas a una sentencia penal.

El dirigente empresarial centró sus señalamientos en lo que consideró un problema de carácter institucional: la posible influencia de personas que, sin ocupar formalmente un cargo público, tendrían capacidad para intervenir en decisiones gubernamentales.

De acuerdo con Sandoval, Torres desempeñó un puesto que no aparecía formalmente en el presupuesto ni en el organigrama del gobierno estatal, pero que, según su señalamiento, le habría permitido tener influencia en nombramientos y decisiones.

El presidente del CCE también hizo referencia al vínculo personal que existió entre Torres y la gobernadora, quienes actualmente están legalmente divorciados. El gobierno estatal confirmó que el divorcio es legal y señaló que la gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la OFAC.

Sandoval sostuvo que, aunque el vínculo matrimonial terminó, desde su perspectiva permanecen cuestionamientos políticos relacionados con personas que habrían sido impulsadas durante ese periodo y que actualmente ocupan posiciones dentro de gobiernos municipales y estatales.

El dirigente empresarial señaló que corresponde a las personas directamente mencionadas responder ante las autoridades estadounidenses por los señalamientos contenidos en la designación de la OFAC, pero consideró que el caso también genera cuestionamientos sobre los mecanismos de toma de decisiones y designación de funcionarios dentro de la administración estatal.

Por su parte, el Gobierno de Baja California informó que la gobernadora no está incluida en la lista de sancionados y que instruyó a la Oficialía Mayor revisar si las empresas señaladas por Estados Unidos han tenido contratos con el gobierno estatal. En caso de encontrar información relevante, los expedientes serían remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.