Ante los casos de fraude y despojo relacionados con propiedades, el Congreso de Baja California recibió una propuesta para aumentar los controles en las operaciones inmobiliarias y reducir el riesgo de que las familias pierdan su patrimonio.

La iniciativa, presentada por el diputado Jesús Daniel Razo Córdova, plantea modificar la legislación que regula las actividades de los agentes profesionales inmobiliarios para establecer mecanismos de verificación antes de que un inmueble sea anunciado o comercializado.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero de 2025 y junio de 2026 se acumularon 3 mil 806 denuncias por fraude en Baja California, equivalente a un promedio de siete casos al día.

A esta cifra se suman mil 286 denuncias por despojo registradas durante 2025, delitos que pueden involucrar conflictos relacionados con la propiedad de inmuebles.

El legislador señaló como ejemplo el caso del fraccionamiento Paraíso Jurásico, en Tecate, donde familias enfrentaron procesos relacionados con la situación jurídica de los predios que adquirieron.

Entre los cambios propuestos se encuentra la creación de una Constancia de Disponibilidad Jurídica, que tendría que obtenerse antes de publicitar o realizar preventas de fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios.

La reforma también contempla un Sistema de Alertas Preventivas para identificar propiedades que enfrenten controversias registrales o posibles irregularidades, de manera que esta información pueda ser conocida antes de concretar una operación.

Además, se plantean mayores controles sobre los anuncios inmobiliarios difundidos mediante plataformas digitales, así como mecanismos para verificar la identidad de los propietarios y la titularidad de los inmuebles en operaciones de arrendamiento.

La propuesta contempla también incrementar las sanciones aplicables a quienes incumplan las disposiciones, con el objetivo de que las operaciones inmobiliarias cuenten con mayores medidas de transparencia y verificación.

El planteamiento deberá continuar con su proceso legislativo antes de determinar si las modificaciones son aprobadas y entran en vigor.