El acceso a las playas podría quedar sujeto a nuevas reglas para evitar cobros, bloqueos o restricciones, luego de que el Congreso de Baja California aprobó una iniciativa que plantea modificar la Ley General de Bienes Nacionales.

La propuesta, presentada por la diputada Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza, busca que quienes tengan concesiones o propiedades colindantes con zonas de playa permitan el acceso y libre tránsito de las personas, sin exigir ningún pago, ya sea de manera directa o mediante terceros.

El proyecto también plantea que las autoridades habiliten y mantengan accesos públicos a las playas cada tres kilómetros a lo largo de las franjas costeras del país, además de colocar señalización para facilitar su ubicación.

La iniciativa parte de una problemática que, de acuerdo con los argumentos presentados ante el Congreso estatal, persiste en distintas zonas: aunque las playas son consideradas bienes nacionales de uso común, existen lugares donde llegar hasta ellas se dificulta por propiedades privadas, concesiones o la ausencia de caminos y accesos públicos.

Ruiz Mendoza propuso además retirar del artículo 127 de la legislación federal la palabra “convenga” y la referencia a “mediando compensación”, al considerar que ambas expresiones pueden abrir la puerta a interpretaciones que terminen condicionando el acceso o estableciendo algún tipo de cobro.

El planteamiento contempla también sanciones para quienes bloqueen o restrinjan el acceso a las playas, así como una mayor participación de autoridades estatales y municipales en la vigilancia y promoción de este derecho.

El Dictamen 113 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales fue aprobado por unanimidad durante la sesión del Congreso de Baja California.

Sin embargo, la reforma todavía no modifica la legislación vigente, ya que el acceso a las playas es un asunto regulado por una ley federal. Por ello, el documento será enviado al Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo.