Las diferencias de información entre el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) y los catastros municipales pueden convertirse en un obstáculo para propietarios que buscan realizar trámites relacionados con sus inmuebles. Ante esta situación, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez planteó establecer un mecanismo legal que permita mantener coordinadas y actualizadas a ambas instituciones.

La propuesta fue presentada durante el foro “Catastro y Registro Público en Sincronía”, realizado este sábado en Mexicali, donde participaron representantes del sector inmobiliario, vivienda y notarías para abordar las dificultades que genera la falta de conexión entre los sistemas estatal y municipal.

Actualmente, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, dependiente del Ejecutivo Estatal, concentra la información sobre los actos jurídicos que afectan la propiedad, como compraventas, hipotecas, embargos y sucesiones. Su función está relacionada con la certeza sobre quién tiene la titularidad legal de un inmueble.

En cambio, el Catastro Municipal pertenece a los ayuntamientos y maneja información física y fiscal de las propiedades, entre ella su superficie, ubicación, valor catastral y cuenta predial. Estos datos también sirven como base para el cobro del impuesto predial y la planeación urbana.

El problema, de acuerdo con lo expuesto durante el foro, surge cuando la información de ambas instancias no coincide o no se actualiza de manera coordinada. Esto puede generar confusión sobre la identidad del vendedor, operaciones pendientes, dificultades fiscales y complicaciones al momento de buscar un crédito hipotecario.

El presidente del Colegio de Notarios de Baja California, Gabriel Tobías Duarte, señaló algunos de los problemas que enfrentan los propietarios al realizar trámites notariales cuando existen inconsistencias entre los datos de Catastro Municipal y los del Registro Público de la Propiedad estatal.

A su vez, Fermín Kim King, presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California (CEPIBC), destacó los alcances que tendría una reforma a la legislación inmobiliaria para brindar mayor certeza jurídica a los propietarios frente a las autoridades.

La iniciativa contempla modificaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y a la Ley del Catastro Inmobiliario del Estado de Baja California, misma que fue presentada ante el Pleno del Congreso.

Sánchez Sánchez explicó que la propuesta también tiene como antecedente casos de familias afectadas por problemas relacionados con operaciones inmobiliarias y el registro de sus propiedades. “Tenemos el antecedente de 500 familias que fueron defraudadas por diferentes aspectos del orden inmobiliario y de Registro de su propiedad, de ahí la importancia de promover proyectos legislativos con la coordinación de instituciones y de organismos que asisten a este foro. Tengan por seguro que esta iniciativa tiene todos los puntos que han aportado tanto ciudadanos como empresarios de todos los sectores”, expresó la legisladora local.

Al encuentro acudieron también Miguel Legorreta Cortez, vicepresidente de ASAI; Yeni Hilario, de la Comisión de RPCP de CANADEVI; Mario Fajardo Solana, presidente de ASAI; y Sergio Sodelo, delegado de la Secretaría General de Gobierno del Estado, entre otros representantes de organismos relacionados con el sector.

La discusión plantea así uno de los principales retos para los trámites inmobiliarios en Baja California: que la información jurídica, física y fiscal de una propiedad pueda mantenerse vinculada entre las distintas autoridades para reducir inconsistencias que afectan a los ciudadanos.