El Congreso de Baja California aprobó una reforma constitucional que amplía el alcance del derecho a una vivienda digna y adecuada, al incorporar criterios relacionados con habitabilidad, servicios públicos, ubicación, seguridad jurídica y pertinencia cultural.

 

La modificación, impulsada por el diputado Jaime Cantón Rocha, fue avalada mediante el Dictamen 110 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales durante la sesión ordinaria de este martes.

 

Uno de los cambios centrales es que el acceso a la vivienda ya no se plantea únicamente desde la generación de instrumentos para facilitarla, sino que establece mayores responsabilidades para el Estado y los municipios en el diseño de políticas y mecanismos que permitan atender las necesidades habitacionales de la población.

 

El nuevo marco también contempla una atención prioritaria para personas con bajos ingresos, así como mujeres, niñas, niños, adolescentes y otros sectores en situación de vulnerabilidad.

 

De acuerdo con el diagnóstico citado durante el proceso legislativo, el Programa Estatal de Vivienda de Baja California 2022-2027 identifica un rezago habitacional del 42 por ciento en la entidad, lo que representa uno de los principales retos para garantizar el acceso a hogares adecuados.

 

La reforma establece además que las autoridades deberán generar mecanismos para evitar la especulación del suelo y de la vivienda cuando ésta tenga efectos contrarios al interés público.

 

A partir de las nuevas disposiciones, el Estado y los municipios deberán impulsar políticas, instrumentos y apoyos relacionados con la construcción, rehabilitación, conservación, financiamiento y adquisición de vivienda.

 

Otro de los criterios incorporados es que los desarrollos habitacionales deberán favorecer condiciones de accesibilidad, infraestructura, servicios y movilidad urbana sustentable, con el objetivo de que el acceso a una vivienda no implique quedar alejado de los servicios y equipamientos necesarios para la vida cotidiana.

 

La reforma también contempla la participación de los sectores privado y social en las acciones destinadas a ampliar la oferta habitacional en Baja California.