El Congreso de Baja California aprobó remitir al Congreso de la Unión una propuesta para permitir que policías y personal de procuración de justicia porten armas de fuego para su legítima defensa personal, incluso cuando se encuentren fuera de servicio.

La iniciativa fue presentada por el diputado Juan Manuel Molina García y está contenida en el Dictamen 115 de la Comisión de Gobernación. El planteamiento busca impulsar cambios a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para establecer una licencia individual especial para los elementos de seguridad.

La propuesta se presenta ante los ataques contra policías registrados en Baja California, algunos de los cuales han perdido la vida, de acuerdo con los argumentos expuestos durante el planteamiento legislativo.

Molina García sostuvo que la labor policial implica riesgos que no necesariamente terminan al concluir el horario de trabajo. Bajo esa consideración, planteó ampliar las medidas de protección para quienes se encargan de la seguridad pública.

El tema ya había sido abordado por el Congreso estatal mediante una reforma local; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la invalidó al determinar que la regulación de armas de fuego corresponde al ámbito federal. Por ello, la nueva propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis.

De acuerdo con la iniciativa, podrían solicitar la licencia especial integrantes de instituciones policiales y de procuración de justicia de los ámbitos federal, estatal y municipal, así como de la Ciudad de México y sus alcaldías. La autorización estaría destinada exclusivamente a la legítima defensa personal fuera de las funciones oficiales.

Entre los requisitos contemplados se encuentran la capacitación continua en legítima defensa y manejo responsable de armas, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas periódicas, además de la revisión de antecedentes penales y disciplinarios.

El proyecto también prevé controles sobre el tipo de arma autorizada, su registro individual y la obligación de reportar incidentes relacionados con su uso. En caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones como la revocación de la licencia, el decomiso del arma y las responsabilidades penales correspondientes. La autorización tendría alcance nacional, sujeta a las restricciones territoriales que establezca la autoridad competente.

La propuesta deberá ser analizada por el Congreso de la Unión, instancia a la que corresponde determinar si procede una modificación a la legislación federal en esta materia.