13-10-2026

Foto: Cortesía
La iniciativa de Evelyn Sánchez contempla aumentar las penas y duplicarlas en casos donde las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables
Los automovilistas que provoquen choques de manera intencional para exigir dinero a otros conductores podrían enfrentar penas más severas en Baja California, de aprobarse una reforma impulsada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez.
La legisladora presentó una iniciativa para incorporar esta práctica, conocida como “montachoques”, como una modalidad agravada de extorsión en el Código Penal del estado. El objetivo es que estos hechos no sean tratados únicamente como incidentes viales, sino como una conducta delictiva cuando exista la intención de obtener dinero mediante amenazas o intimidación.
La propuesta plantea agregar una fracción al artículo 224 Bis para sancionar a quienes simulen o provoquen colisiones con el propósito de exigir pagos indebidos a las personas afectadas.
Como parte de los antecedentes, la iniciativa menciona que el pasado 16 de septiembre autoridades municipales de Tijuana reportaron la detención de diez personas, presuntamente relacionadas con dos grupos dedicados a esta actividad. Según la información citada, operaban principalmente en la Vía Rápida y el bulevar Insurgentes, donde utilizaban varios vehículos para provocar accidentes y después exigir dinero.
También se expone un caso ocurrido el 22 de septiembre en Playas de Tijuana, donde un conductor resultó lesionado con un arma blanca durante un altercado vial relacionado con presuntos “montachoques”.
En materia de sanciones, la reforma propone aplicar el incremento de penas previsto para la extorsión agravada, que puede elevar hasta en una mitad la pena correspondiente y contempla multas de hasta 500 días. El castigo podría aumentar hasta el doble cuando las víctimas sean personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad o integrantes de grupos vulnerables, conforme a los supuestos planteados en la iniciativa.
Sánchez argumentó que incluir expresamente esta modalidad en la legislación permitiría contar con herramientas jurídicas para perseguir estos casos y evitar que las exigencias de dinero posteriores a un choque deliberado se consideren únicamente disputas entre conductores.
La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en ley. Mientras tanto, el endurecimiento de las sanciones permanece como una iniciativa y no como una disposición ya vigente.

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