La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Lizbeth Mata Lozano, cuestionó la respuesta de los gobiernos estatal y municipal ante los daños ocasionados por la tormenta Rachel en Ensenada, donde, según la información que citó, siete personas perdieron la vida.

 

La dirigente panista expresó sus condolencias a las familias afectadas y reconoció la solidaridad de los habitantes que se han organizado para llevar alimentos, ropa y artículos de primera necesidad, además de colaborar en las labores de limpieza en las zonas afectadas.

 

Mata Lozano afirmó que los daños podrían superar los reportados oficialmente y señaló que habría familias desaparecidas luego de que varias viviendas fueran arrastradas por la corriente de los arroyos. No obstante, durante sus declaraciones no presentó cifras verificadas que permitieran confirmar estos señalamientos.

 

 

También cuestionó la presencia de asentamientos irregulares en zonas cercanas a los cauces, particularmente en la colonia La Bronce, y señaló a la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, y al exdiputado Armando Reyes Ledesma por su presunta participación en procesos de regularización de esos terrenos.

 

La representante del PAN sostuvo que las autoridades deben responder por las condiciones en las que se encontraban las viviendas afectadas y calificó como tardía e insuficiente la atención brindada durante la emergencia.

 

En cuanto a la respuesta federal ante desastres naturales, Mata Lozano recordó la eliminación de 109 fideicomisos aprobada en 2020, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). A su juicio, la desaparición de este mecanismo redujo la capacidad de respuesta ante contingencias como la registrada en Ensenada.

 

Asimismo, consideró que el envío de tinacos y brigadas no es suficiente para atender las necesidades de las comunidades afectadas y pidió una intervención extraordinaria para apoyar a las familias que perdieron sus viviendas y pertenencias.

 

Los señalamientos sobre posibles personas desaparecidas, la magnitud de los daños y las presuntas responsabilidades relacionadas con la ocupación de zonas de riesgo requieren corroboración con información oficial y documentación que permita esclarecer los hechos.