Habitantes del fraccionamiento Ángeles del Pacífico, en la delegación Sánchez Taboada de Tijuana, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la Zona Río, para exigir que se investiguen presuntas amenazas, actos de hostigamiento e intentos de despojo de sus viviendas, en medio de una disputa legal por los terrenos.

Santiago Guzmán, abogado de los residentes, informó que alrededor de 35 familias enfrentan esta problemática, la cual se relaciona con la compra de viviendas realizada entre 2018 y 2019. Según explicó, los afectados cuentan con contratos de compraventa y cartas de finiquito que, aseguran, acreditan la adquisición y liquidación de sus propiedades.

El representante legal señaló que el conflicto se originó por una controversia sobre la propiedad de los predios y afirmó que algunas personas presuntamente han aprovechado esta situación para intentar ocupar terrenos y exigir dinero a los habitantes, sin que estos reconozcan que hayan acreditado legalmente sus derechos sobre los inmuebles.

Entre las irregularidades denunciadas se encuentran presuntas amenazas de desalojo, exigencias de pagos para permitir que las familias permanezcan en sus casas, robos a viviendas y vehículos, así como bloqueos en los accesos al fraccionamiento.

Uno de los residentes relató que presuntamente le exigieron pagos mensuales de entre 3 mil y 4 mil pesos a cambio de dejarlo vivir sin molestias. También aseguró que fue amenazado con el uso de maquinaria para sacarlo de su vivienda, pese a que, afirmó, ya liquidó el inmueble y cuenta con documentos para respaldarlo.

El vecino expresó su preocupación por la seguridad de su familia, particularmente por la presencia de un menor de edad en su hogar, ante lo que describió como un ambiente de intimidación e inseguridad en la zona.

Los manifestantes señalaron a Christian Gerardo Ahumada Zambrano y Miguel Ángel Meléndez como presuntos involucrados en los actos denunciados. De acuerdo con el abogado, existen medidas de protección que les prohíben acercarse a menos de 500 metros del fraccionamiento; sin embargo, los residentes sostienen que los presuntos actos de hostigamiento continúan.

Los afectados indicaron que ya han presentado denuncias ante la Fiscalía, pero consideran que las acciones emprendidas hasta ahora no han sido suficientes para atender el problema. Por ello, acudieron nuevamente a la institución para solicitar que se dé seguimiento a las investigaciones y se adopten medidas para proteger su integridad y evitar nuevos incidentes.

Además de las presuntas amenazas, los vecinos manifestaron inquietud por la presencia de personas en terrenos cercanos a sus viviendas y por las condiciones de seguridad en el fraccionamiento. Aseguraron contar con videos y documentación que respaldan sus señalamientos y pidieron la intervención de las autoridades competentes.

Los residentes solicitaron que se respete la posesión de sus viviendas mientras se resuelve la controversia legal sobre los terrenos.

Hasta el momento, las acusaciones corresponden a los testimonios de los vecinos y de su representante legal. La situación jurídica de los predios y las posibles responsabilidades de las personas señaladas deberán esclarecerse mediante las investigaciones y los procedimientos correspondientes.