Las mujeres que acuden a instituciones públicas para denunciar violencia o solicitar protección podrían contar con mayores garantías de atención si avanza una iniciativa presentada en el Congreso de Baja California, que busca prevenir la revictimización durante los procedimientos administrativos.

La propuesta, impulsada por la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, plantea modificar dos leyes estatales para establecer obligaciones específicas a las autoridades que investigan y resuelven asuntos relacionados con violencia contra las mujeres.

Uno de los cambios consiste en adicionar un párrafo al artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, a fin de exigir que estos procedimientos se desarrollen con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y debida diligencia.

La iniciativa también busca que las autoridades eviten actos discriminatorios, demoras injustificadas y acciones u omisiones que obstaculicen el acceso a la justicia, bajo los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad.

El segundo ajuste propuesto corresponde al artículo 14 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para el Estado de Baja California. La modificación pretende actualizar las disposiciones relacionadas con la responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas que incurran en prácticas discriminatorias, dilatorias o de tolerancia frente a la violencia de género.

El planteamiento parte de que las mujeres pueden enfrentar nuevas afectaciones cuando, después de sufrir violencia, encuentran obstáculos institucionales para recibir atención, protección o justicia. Estas situaciones pueden presentarse mediante omisiones, trato discriminatorio o procedimientos que se prolongan sin justificación.

En caso de que las reformas sean aprobadas y entren en vigor, las autoridades competentes tendrían un plazo de 180 días naturales para revisar y adecuar sus protocolos de actuación, así como capacitar al personal encargado de atender estos casos.

La iniciativa busca incorporar estas obligaciones al marco legal estatal para reducir las prácticas institucionales que dificultan la atención de las víctimas y garantizar que los procedimientos se conduzcan con respeto a sus derechos.