La Sindicatura Procuradora de Mexicali emitirá una circular dirigida a los trabajadores del Ayuntamiento para recordarles las restricciones sobre actividades políticas durante el horario laboral y el uso de instalaciones municipales con fines proselitistas.

El síndico procurador, Óscar Vega Marín, señaló que los servidores públicos tienen libertad para apoyar o no a cualquier persona o proyecto político; sin embargo, deben cumplir con sus responsabilidades laborales y respetar las disposiciones legales mientras desempeñan sus funciones.

Explicó que las sanciones por posibles incumplimientos dependerán de las circunstancias y la gravedad de cada caso. Las medidas pueden ir desde un apercibimiento o una llamada de atención hasta la destitución del cargo, además de posibles responsabilidades penales cuando corresponda.

Como ejemplo, distinguió entre un trabajador que se distrae durante parte de su jornada y uno que utiliza las instalaciones del Ayuntamiento para elaborar o preparar propaganda política. En este último caso, señaló, se trataría de una conducta distinta que tendría que evaluarse conforme a la normativa aplicable.

Vega Marín indicó que la circular busca reforzar el conocimiento de estas disposiciones entre el personal municipal, aunque consideró que los funcionarios ya deben conocer las reglas que rigen su actuación en el servicio público.

Investigarán posibles irregularidades

Respecto a las denuncias por presuntas irregularidades, el funcionario explicó que la Sindicatura puede iniciar revisiones a partir de información publicada en medios de comunicación, contenido difundido en redes sociales o señalamientos presentados directamente ante la dependencia.

Precisó que, cuando los hechos conocidos contienen elementos que justifican una revisión, se realizan las investigaciones y se da seguimiento a los procedimientos correspondientes.

El síndico sostuvo que la dependencia atiende los casos de los que tiene conocimiento y que cuentan con elementos suficientes para ser investigados, con el objetivo de determinar si existe alguna responsabilidad por parte de los servidores públicos.