Mejorar las condiciones laborales de los policías y garantizar respaldo institucional para el ejercicio de sus funciones son los objetivos de una alianza entre el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California y la Federación de Policías del estado, que buscarán impulsar cambios legales y propuestas ante el Congreso local.

El acuerdo fue presentado por Edgardo Flores Campbell, presidente del organismo ciudadano; Alejandro Monreal, titular de la Federación de Policías y director de la Policía de Ensenada, y Octavio Sandoval, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

La propuesta parte de la necesidad de fortalecer las condiciones en las que trabajan los agentes, en un contexto marcado por las agresiones contra integrantes de las corporaciones y los retos de seguridad en la frontera. Los participantes plantearon que la inversión en tecnología debe acompañarse de mejores salarios, capacitación, prestaciones y garantías para el personal policial.

Durante la presentación, Flores Campbell cuestionó que se destinen recursos a cámaras corporales, drones y otros dispositivos sin atender las necesidades del personal que debe utilizarlos.

“De nada sirve meter tecnologías, cámaras, equipamiento o drones si no se le apuesta al capital humano y a la dignificación del policía”, expresó.

Entre las acciones previstas se encuentra la promoción de reformas ante el Congreso de Baja California. Una de las propuestas plantea establecer becas escolares para los hijos de los policías, tanto en instituciones públicas como privadas, mientras que otra busca modificar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para garantizar recursos operativos a los comités ciudadanos de seguridad.

Con este último planteamiento, los impulsores buscan que el funcionamiento de dichos organismos no dependa de decisiones discrecionales de los gobiernos municipales.

La agenda también incluye la creación de una red de análisis e inteligencia social con la participación de universidades, centros de investigación y organizaciones civiles. Entre las instituciones y agrupaciones mencionadas están Causa en Común, INCIDE Social, México SOS, el INEGI y El Colegio de la Frontera Norte.

La intención es generar diagnósticos independientes sobre la incidencia delictiva y la victimización en Baja California, con información que permita sustentar propuestas de seguridad pública y evaluar las necesidades de las corporaciones.

Los integrantes de la alianza buscarán que estas iniciativas se traduzcan en cambios legales y políticas públicas orientadas a fortalecer la labor policial y mejorar las condiciones de quienes integran las corporaciones de seguridad.