Un grupo de vecinos de la calle Jazmines, en la VI Sección de Lomas de Agua Caliente, se manifestó públicamente para exigir la clausura y demolición de una obra que consideran ilegal. Los residentes, acompañados por su representante legal, el abogado Juan Marcos Gutiérrez, afirman que la construcción viola la reglamentación urbana y que una resolución de la justicia federal ya respalda su postura.

Según explicó el abogado, el conflicto comenzó cuando los desarrolladores presentaron su solicitud ante el municipio. En ese trámite pidieron autorización para construir únicamente dos viviendas, cada una en un predio de 187 metros cuadrados.

Sin embargo, de acuerdo con Gutiérrez, las edificaciones terminaron excediendo con amplitud la superficie autorizada. Por su tamaño y características, los vecinos sostienen que no se trata de dos casas, sino de un complejo multifamiliar, es decir, un inmueble pensado para alojar a varias familias. A su juicio, los responsables engañaron a la autoridad municipal desde el principio.

Un cambio de uso de suelo rechazado

Los propietarios intentaron después modificar el uso de suelo para que el proyecto pudiera operar como multifamiliar. El uso de suelo es la clasificación que define qué se puede construir en una zona: casas para una sola familia, edificios de departamentos, comercios, entre otros.

La autoridad municipal negó ese cambio. Ante la negativa, los promotores acudieron al Tribunal Unitario Municipal para conseguir una orden que lo autorizara.

Frente a esa resolución, la asociación de vecinos promovió un juicio de amparo, el recurso legal con el que los ciudadanos pueden impugnar actos de autoridad que consideran violatorios de sus derechos. El resultado, según los residentes, fue favorable: la justicia federal anuló la orden del tribunal local.

Hoy el amparo está firme, lo que significa que ya no puede ser impugnado. Lo que falta, indicaron, es que las autoridades competentes lo cumplan.

El abogado recordó que el acuerdo original de la colonia contempla exclusivamente viviendas unifamiliares, destinadas a una sola familia. Explicó que los servicios básicos y las vialidades de la zona se diseñaron para esa densidad de población, por lo que una obra de mayor tamaño podría rebasar la capacidad de esa infraestructura.

Gutiérrez también citó el Artículo 61 del Reglamento de Uso de Suelo, que establece que cualquier modificación al uso de suelo dentro de un fraccionamiento ya autorizado requiere la anuencia y el acuerdo explícito de la comunidad de residentes. Según los vecinos, ese consentimiento nunca se otorgó.

Los colonos pidieron ser escuchados por el gobierno municipal y reclamaron que se ejecute lo que consideran el paso lógico tras el fallo: la clausura definitiva de la obra y la demolición del inmueble, que a su parecer fue levantado al margen de la ley.

Hasta el momento no se incluye en la información disponible una postura de los desarrolladores ni de la autoridad municipal sobre estas acusaciones.